El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Teruel (DPT) ha solicitado a la presidencia de la institución todos los documentos relativos a la contratación de Nieves Sánchez como jefa de gabinete de la Vicepresidencia primera, que ocupa Teruel Existe, así como las notificaciones que pudieran haberse realizado desde servicios como secretaría, intervención o personal sobre la necesidad de solicitar la compatibilidad con sus actividades privadas como administradora única de la empresa Arquilab S.L. tras, al parecer, haber firmado dos contratos de modificados de la obra del nuevo hospital de Teruel adjudicados por el Gobierno de Aragón.
Los socialistas quieren dilucidar si hay responsabilidades políticas sobre la gestión de una situación irregular que, según las informaciones publicadas tanto por eldiario.es como por Diario de Teruel y confirmadas por la propia Nieves Sánchez y, al parecer, también por Joaquín Juste, la institución provincial sería conocedora desde febrero de 2025. Además, mientras desde la DPT aseguran que se le habría apremiado a solicitar autorización para realizar cualquier segunda actividad pública o privada, la jefa de gabinete de la vicepresidenta Beatriz Martín niega en el comunicado hecho público para informar de su dimisión que existiera tal reclamación.
En todo caso, desde el PSOE han señalado que el hecho de que existiera una comunicación sobre la incompatibilidad desde hace un año “requiere explicaciones” tanto de su superiora directa, la vicepresidenta Beatriz Martín de Teruel Existe, como del presidente Joaquín Juste del Partido Popular, así como de otros miembros del equipo de gobierno, pues, han afirmado, “deberían haber conocido la existencia de esta irregularidad como máximos responsables que son tanto de esta contratación concreta como de los servicios que se ocupan de la documentación relativa”.
De esta forma, si Nieves Sánchez reconoció ya en febrero de 2025 que había razones para la incompatibilidad y provocó la reacción de los servicios de la DPT, “se habría incurrido en una clara dejación de funciones por parte del equipo de gobierno, tanto si es por ignorancia sobre la acción de los servicios que dirigen como, mucho más grave, si se debe a una ocultación consciente de la irregularidad”. Así, desde el PSOE se han preguntado “¿conoceríamos lo ocurrido si no lo hubiera hecho público una denuncia particular?”, destacando que, en ese caso, “alguien debe asumir responsabilidades políticas”.
Para el Grupo Socialista la respuesta a esas dos infracciones de carácter grave a las que hacen referencia eldiario.es y Diario de Teruel “llega muy tarde y debido a empujones externos” destacando, además, que Joaquín Juste no ha actuado hasta pasadas las elecciones, “lo que volvería a demostrar que las instituciones no son para el Partido Popular más que un cortijo para sus propios intereses”. Esperan “la mayor celeridad posible” del equipo de gobierno de la institución para entregar la documentación solicitada en formato digital, “a fin de poder ejercer adecuadamente las funciones de control que corresponden a este Grupo político y, en todo caso, tomar las medidas que sean necesarias”.
De hecho, los socialistas quieren saber también, una vez consumada la dimisión de Nieves Sánchez, cuáles van a ser los siguientes pasos del equipo de gobierno PP-TE-PAR de la Diputación de Teruel sobre este asunto. “Si ella afirma que no se la ha requerido documentación alguna relativa a este asunto, ¿se investigará qué ha pasado? ¿Se personará la institución como perjudicada en un posible juicio o se reclamarán las cantidades cobradas de forma irregular en los últimos meses si se demuestra que ha existido incompatibilidad desde hace más de un año?”, han apuntado.
Para finalizar, desde el PSOE Teruel se preguntan si los contratos que han derivado en la actuación irregular de Nieves Sánchez tienen alguna relación con la construcción del nuevo módulo de habitaciones individuales fruto de una enmienda a los presupuestos del Gobierno de Aragón de 2024 por parte de Teruel Existe. En ese caso, han asegurado, el propio Tomás Guitarte, vinculado activamente a la construcción del nuevo hospital y a sus modificados, podría haber incurrido como diputado autonómico en una irregularidad por no haber cumplido con su deber de abstención, comprometido como estaba por sus intereses personales.