El Grupo Socialista en la Diputación de Teruel (DPT), una vez recibidos y analizados los documentos relativos a la contratación y la recientemente conocida situación de incompatibilidad de la jefa de gabinete de la vicepresidencia primera que ostenta Teruel Existe, Nieves Sánchez, ha exigido al presidente Juste que el equipo de gobierno “adopte decisiones políticas de fondo” depurando todas las “responsabilidades administrativas y políticas” que emanan de un acto que, de acuerdo al Estatuto Básico del Empleado Público, podría tipificarse como “falta muy grave”.
“Nosotros no juzgamos, exponemos a la vista de la documentación”, ha explicado el portavoz del PSOE Pedro Polo en una rueda de prensa en la que ha destacado “el deber legal” de la DPT “de actuar ante indicios documentados tan claros y con una dimisión ya de por medio”. “Si no lo hace, la inactividad podría ser recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa, trasladando el asunto al ámbito judicial. Por eso pedimos que sea la propia institución quien depure responsabilidades con rigor y seguridad jurídica”.
En este sentido, en el Grupo Socialista creen que es necesaria la apertura “inmediata” de un “expediente informativo” que determine si existió una “situación efectiva de incompatibilidad” y, en su caso, “incoar expediente disciplinario conforme a las normas y a la Ley”. De hecho, si el presidente de la institución no actúa los propios diputados socialistas han dicho que acudirán a la jurisdicción contencioso-administrativa. “No basta una decisión individual ante este caso”, ha asegurado el portavoz pidiendo acciones que “restauren la credibilidad” de un equipo de gobierno y un pacto general PP-TE “comprometido por este caso”.
Respecto a la responsabilidad política, Pedro Polo ha dicho que también compete al presidente Joaquín Juste, remarcando que desde que Nieves Sánchez admitió por escrito haber incurrido en incompatiblidad, en febrero de 2025, “ha pasado un año sin hacer nada, ni el presidente, ni su inmediata superiora la vicepresidenta Martín, ni la afectada, hasta que una denuncia particular lo hace salir a la luz pública”.
En 2025, ha aclarado Polo, Nieves Sánchez respondió a un requerimiento por parte del servicio de Personal y contradijo al mismo modelo básico que había rellenado en agosto de 2023. “Los documentos hablan por sí solos, no es una valoración del PSOE ni de nadie. Es una contradicción documental entre dos declaraciones firmadas”, ha apuntado el portavoz destacando que la petición para compatibilizar una actividad privada con el puesto para el que fue nombrada “debe solicitarse previamente, debe concederse expresamente, no se presume y no se regulariza a posteriori”.
“No estamos ante un nombramiento cualquiera: no es técnico, sino político”, ha dicho el portavoz socialista destacando que Sánchez es “una dirigente central de su socio principal”. Además, ha recalcado que cuando el presidente Juste la nombró ya existían “indicios públicos sobre la actividad empresarial en cuestión”.
Así, Pedro Polo ha valorado tres posibles escenarios sobre la actuación de Juste ante la incompatibilidad. “Si no lo sabía es un fallo de liderazgo, de diligencia como presidente y de vigilancia institucional”, ha dicho antes de contemplar la siguiente opción: “si lo sabía ya en agosto de 2023, estaríamos ante una tolerancia consciente de una posible incompatibilidad, elevando el problema de un fallo de control a una responsabilidad política directa”. Además, también ha presupuesto la posibilidad de que el presidente lo supiera desde febrero de 2025, cuando “consta documentalmente”: “mantener la incompatibilidad sería una decisión que le compromete políticamente”.
Desde el Grupo Socialista han recordado que el presidente “nombra, cesa, es jefe superior del personal y garante del régimen de incompatibilidades”. “La Diputación no puede continuar como si nada hubiera pasado. La estabilidad no puede sustentarse en el silencio, ni en la inacción, ni en volver a tapar los asuntos cuando surgen. Debe hacerlo en la ejemplaridad y en la asunción clara de responsabilidades”, ha dicho el portavoz.
Falta muy grave
La “falta muy grave” que tipifica la legislación es la máxima categoría dentro del régimen disciplinario, lo que puede suponer “inhabilitación para ocupar puestos públicos y la posibilidad de tener que devolver el dinero percibido durante la incompatibilidad si se demuestra perjuicio económico concreto a la institución, intervención directa en adjudicaciones o conflicto material con beneficios”.
Polo ha destacado la necesidad del procedimiento sancionador para dirimir esas responsabilidades, apuntando que Nieves Sánchez ha sido y es “un cargo político estratégico consecuencia de un pacto político entre Partido Popular y Teruel Existe, un puesto clave de dirección de la que también es administradora y, por tanto, número 2 del partido político, con acceso a documentación sensible y que requiere no solo máximo nivel de prioridad para el servicio público sino también máxima exigencia de ejemplaridad”, ha afirmado antes de exigir igualmente un pronunciamiento del tercer socio de gobierno en la DPT, el PAR.