El Grupo Socialista en la Diputación de Teruel (DPT) propondrá en el pleno ordinario de este mes que el equipo de gobierno inicie “de manera inmediata” los trabajos técnicos, jurídicos y económicos necesarios para la constitución de una nueva sociedad de economía mixta, con participación mayoritaria de capital público, para la gestión estructural del ciclo integral del agua en los municipios de la provincia.
El objetivo, detallan en la propuesta, es “garantizar” que los partidos de gobierno Partido Popular, Teruel Existe y Partido Aragonés opten por una gestión “que preserve el control público mayoritario del servicio, la continuidad del modelo supramunicipal provincial, la estabilidad en la prestación del servicio y el pleno respeto a los derechos laborales del personal actualmente adscrito al ciclo integral del agua, en los términos que resulten aplicables conforme a la normativa laboral, al convenio colectivo sectorial y a la legislación de contratación pública”.
Los socialistas quieren así asegurarse de que el “compromiso” del equipo de gobierno con la creación de una nueva sociedad ante la disolución obligada de Sastesa “es una realidad” y que no aprovechan la situación “para cambiar definitivamente el modelo”. Y es que, en el último pleno ordinario, PP-TE-PAR aprobaron la sustitución del modelo de gestión actual por un contrato de servicios alegando “falta de tiempo” para la constitución de una nueva sociedad mixta antes de la fecha de disolución de la actual.
Esa decisión tuvo el voto en contra del Grupo Socialista defendiendo, tal como aseguran también en la propuesta, que no era un argumento “concluyente” con más de 14 meses de margen hasta mayo de 2027. “Existe tiempo material suficiente para tramitar el procedimiento de selección del socio privado y constituir la nueva sociedad si se actúa con la diligencia institucional necesaria. Y, en cualquier caso, el ordenamiento jurídico prevé diversos mecanismos transitorios destinados a garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales, evitando cualquier interrupción en su prestación”, detalla el texto.
De esta forma, la moción contempla la posibilidad de “prever, en su caso, las soluciones transitorias necesarias para asegurar la continuidad del servicio público a partir del 17 de mayo de 2027, sin que dichas soluciones temporales supongan renunciar al modelo estructural de sociedad de economía mixta como fórmula de gestión definitiva”. Además, piden “garantizar que cualquier transición organizativa del servicio se desarrolle con pleno respeto a las obligaciones de información y, en su caso, de subrogación que resulten aplicables conforme al artículo 130 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, a la normativa laboral y al convenio colectivo sectorial vigente”.
Antes de que el tripartito aprobara la formalización de un contrato de servicios para gestionar el ciclo del agua, el Grupo Socialista advirtió que este modelo introducía “importantes debilidades” para un territorio como la provincia de Teruel pues el horizonte temporal limitado de los contratos de servicios “dificulta la planificación de inversiones a medio y largo plazo en infraestructuras hidráulicas, renovación de redes o mejora de instalaciones”.
Además, apuntaron que el sistema de licitaciones periódicas introduce “elementos de incertidumbre” en la continuidad del servicio por posibles cambios de operador, conflictos administrativos o recursos contractuales, “generando inestabilidad en un servicio que exige continuidad técnica y organizativa”.
Por último, los socialistas afirman que la sustitución de una estructura institucional consolidada por una relación puramente contractual “puede debilitar el modelo supramunicipal provincial, favoreciendo procesos de fragmentación si determinados municipios optan por soluciones alternativas fuera del sistema provincial”.