El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Teruel ha presentado una propuesta de resolución para que el pleno inste al Gobierno de Aragón a concretar el calendario previsto para la rehabilitación y la reapertura de la residencia de estudiantes Luis Buñuel.
El portavoz José Guillén ha recordado que la consjera de Bienestar Social y Famila del Ejecutivo autonómico anunció la licitación e inicio de las obras para la segunda mitad de 2024, o que la directora del Instituto Aragonés de la Juventud aseguró que la obra civil estaría terminada entre finales de 2025 y comienzos de 2026, con el objetivo de que el complejo entrara en servicio en 2027.
El portavoz del PSOE en el consistorio turolense, ha destacado que, tras el impulso al proyecto durante el anterior Ejecutivo autonómico presidido por Javier Lambán, “el cambio de gobierno supuso una sucesión de anuncios sobre la licitación y el comienzo de las obras que evidentemente no se han cumplido” y en la actualidad las obras siguen sin comenzar.
“Queremos instar al Ayuntamiento de Teruel a que defienda la prioridad fundamental de rehabilitar este equipamiento y demuestre su compromiso con el proyecto y con las necesidades evidentes que tiene esta ciudad y el conjunto de la provincia en el alojamiento de estudiantes, tanto para impulsar el campus universitario como para alternativa habitacional que permita descomprimir la tremenda situación de carencia de alquileres que tenemos en la ciudad”, ha explicado José Guillén.
Y es que, desde el Grupo Socialista municipal han destacado que si tanto estudiantes, como trabajadores, como familias compiten por los mismos alquileres “estamos dañando las posibilidades de desarrollo de esta ciudad”, también “desde la perspectiva universitaria”.
“Hay muchos estudiantes que se preinscriben en el campus turolense y en función de si tienen o no tienen vivienda se matriculan en un sitio u en otro. Pasa desde hace años”, ha advertido Guillén asegurando que estas personas optan por otros destinos de formación universitaria si no encuentran alojamiento.
Fue el gobierno autonómico del PP presidido por Luisa Fernanda Rudi el que decretó el cierre de la residencia de estudiantes argumentando su inviabilidad económica y la imposibilidad de asumir los 900.000 € que se estimaban necesarios para adaptar el equipamiento a la normativa y necesidades en materia de seguridad y accesibilidad.
De resultas de esta decisión, 108 jóvenes entre 16 y 26 años quedaron sin alojamiento y 17 de sus 28 trabajadores fueron recolocados, quedando en situación de desempleo los 11 trabajadores interinos restantes.
En 2020, durante el Gobierno presidido por Javier Lambán, el Instituto Aragonés de la Juventud licitó el proyecto básico y de ejecución y de instalaciones y estudio de seguridad y salud de la nueva residencia. Inicialmente, además de contar con 148 plazas para el alojamiento de estudiantes, el equipamiento incluiría un albergue de 52 plazas y 12 unidades de emancipación (apartamentos) para jóvenes, aulas, despachos y espacios para el desarrollo de iniciativas formativas y empresariales e instalaciones deportivas y un espacio polivalente destinado a la celebración de actividades culturales y lúdicas. La inversión prevista ronda los 11 millones de euros.